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DOCUMENTO 2333 DISCURSO DEL LIBERTADOR AL INSTALAR EL CONSEJO DE ESTADO EN ANGOSTURA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 1817.*

¡Señores del Consejo de Estado!

Cuando el pueblo de Venezuela rompió los lazos opresivos que lo unían a la nación española, fue su primer objeto establecer una constitución sobre las bases de la política moderna, cuyos principios capitales son la división de poderes y el equilibrio de las autoridades. Entonces, proscribiendo la tiránica institución de la monarquía española, adoptó el sistema republicano más conforme a la justicia; y entre las formas republicanas escogió la más liberal de todas, la federal.

Las vicisitudes de la guerra, que fueron tan contrarias a las armas venezolanas, hicieron desaparecer la República y con ella todas sus instituciones. No quedó otro vestigio de nuestra regeneración que algunas reliquias dispersas de los defensores de la patria, que volviendo por la Nueva Granada y Güiria restablecieron el Gobierno independiente de Venezuela. Las circunstancias que acompañaron a esta nueva reacción fueron tales y tan extraordinarias, y tan rápidos y tan impetuosos los movimientos de la guerra, que entonces fue imposible dar al Gobierno de la República la regularidad constitucional que las actas del Congreso habían decretado en la primera época. Toda la fuerza y, por decirlo así, toda la violencia de un Gobierno militar bastaba apenas a contener el torrente devastador de la insurrección, de la anarquía y de la guerra. ¿Y qué otra constitución que la dictatorial podía convenir en tiempos tan calamitosos?

Así lo pensaron todos los venezolanos y así se apresuraron a someterse a esta terrible, pero necesaria administración. Los ejemplos de Roma eran el consuelo y la guía de nuestros conciudadanos.

Vuelto a desaparecer el Gobierno de la República, insurrecciones parciales sostuvieron aunque precariamente sus banderas, pero no su Gobierno, pues que éste había sido enteramente extinguido. En la isla de Margarita volvió a tomar una forma regular la marcha de la República; pero siempre con el carácter militar desgraciadamente anexo al estado de guerra. El tercer período de Venezuela no había presentado hasta aquí un momento tan favorable, en que se pudiese colocar al abrigo de las tempestades la arca de nuestra constitución. Yo he anhelado, y podría decir que he vivido desesperado, en tanto que he visto a mi patria sin constitución, sin leyes, sin tribunales, regida por el solo arbitrio de los mandatarios, sin más guías que sus banderas, sin más principios que la destrucción de los tiranos, y sin más sistema que el de la independencia y de la libertad. Yo me he apresurado, salvando todas las dificultades, a dar a mi patria el beneficio de un Gobierno moderado, justo y legal. Si no lo es, V.E. va a decidirlo: mi ánimo ha sido establecerlo.

Por la asamblea de Margarita de 6 de mayo de 1816, la República de Venezuela fue decretada una e indivisible [1] Los pueblos y los ejércitos, que hasta ahora han combatido por la libertad, han sancionado, por el más solemne y unánime reconocimiento, esta acta, que, al mismo tiempo que reunió los estados de Venezuela en uno solo, creó y nombró un poder ejecutivo bajo el título de Jefe Supremo de la República. Así, sólo faltaba la institución del cuerpo legislativo y del poder judiciario.

La creación del Consejo de Estado va a llenar las augustas funciones del poder legislativo, no en toda la latitud que corresponde a la soberanía de este cuerpo, porque sería incompatible con la extensión y vigor que ha recibido el poder ejecutivo, no sólo para libertar el territorio y pacificarlo, sino para crear el cuerpo entero de la República; obra que requiere medios proporcionados a su magnitud y cuantas fuerzas pueden residir en el Gobierno más concentrado. El Consejo de Estado, como V.E. verá por su creación, está destinado a suplir en parte las funciones del cuerpo legislativo. A él corresponde la iniciativa de las leyes, reglamentos, e instituciones que en su sabiduría juzgue necesarios a la salud de la República. El será consultado por el poder ejecutivo antes de poner en ejecución las leyes, reglamentos e instituciones que el Gobierno decreta. En todos los casos arduos, el dictamen del Consejo de Estado será oído y sus avisos tendrán la más grande influencia en las deliberaciones del Jefe Supremo.

La Alta Corte de Justicia, que forma el tercer poder del cuerpo soberano, se ha establecido ya, y su instalación no ha tenido efecto, porque antes me ha parecido consultar al Consejo sobre tan importante institución, su forma, y los funcionarios que han de llenar estas eminentes dignidades. La Alta Corte de Justicia es la primera necesidad de la República. Con ella quedarán a cubierto los derechos de todos, y las propiedades, la inocencia y los méritos de los ciudadanos no serán hollados por la arbitrariedad de ningún jefe militar o civil, y ni aún del jefe supremo. El poder judiciario de la Alta Corte de Justicia goza de toda la independencia que le concede la constitución federal de la República de Venezuela.

La erección de un tribunal de comercio o cuerpo consular ha tenido lugar en favor de los asuntos comerciales y de la protección de la agricultura, que tanto ha menester de prontas y urgentes medidas. La erección del consulado hará conocer a V.E. la naturaleza de este benéfico cuerpo [2].

Las provincias libres de Venezuela han recibido la organización regular que han permitido las circunstancias y la situación del enemigo. En Barcelona el general de brigada Tadeo Monagas ha sido nombrado gobernador y comandante general de aquella provincia prescribiéndole los límites que anteriormente tenía, el número y la fuerza de los cuerpos militares que deben defenderla y pacificarla. Un gobernador civil está encargado provisionalmente del poder judicial de aquella provincia; pero inmediatamente sujeto a la Alta Corte de justicia. El general Monagas ha recibido instrucciones detalladas para la conservación de los bienes nacionales, el restablecimiento del orden civil en toda la provincia, y su organización.

El general de división José Francisco Bermúdez, nombrado gobernador y comandante general de la provincia de Cumaná, ha sido encargado por el Gobierno del doble [3] objeto de pacificar la provincia y libertar la capital, para lo cual debe organizar y disciplinar tres o cuatro batallones de infantería, y uno o dos escuadrones de caballería, tanto para expulsar los españoles, como para destruir las facciones, que la disidencia del General Mariño había producido en la provincia, aplicando su mayor atención a restablecer el orden que el espíritu de partido había allí alterado, y a proteger la agricultura, el comercio, y la industria; tratando a los cumaneses con la suavidad a que ellos son acreedores por su fidelidad a la causa de la independencia.

La invicta isla de Margarita, que a la sombra de sus laureles podía descansar en el reposo que procura la paz, ha necesitado en estos últimos tiempos de todos los cuidados de un Gobierno Paternal. Las victorias de Margarita han agotado sus recursos; así, armas y pertrechos se han mandado comprar para auxiliarla, y el Almirante Brión está especialmente encargado de llenar este agradable deber en favor de un pueblo que merece ser libre, y ha menester la protección de sus hermanos.

La organización de Margarita es la obra del benemérito general Arismendi, y a su cabeza se halla actualmente el general Francisco Esteban Gómez.

El general Páez que ha salvado las reliquias de la Nueva Granada, tiene bajo la protección de las armas de la República las provincias de Harinas y Casanare. Ambas tienen sus gobernadores políticos y civiles y sus organizaciones cual las circunstancias han permitido; pero el orden, la subordinación y buena disciplina reinan allí por todas partes, y no parece que la guerra agita aquellas bellas provincias. Ellas han reconocido y prestado juramento a la autoridad suprema, y sus magistrados merecen la confianza del Gobierno.

Libertada Guayana por las armas venezolanas ha sido mi primer cuidado incorporar esta Provincia como parte integrante, a la República de Venezuela, y ordenar la erección de un cuerpo municipal. Ella ha sido dividida en tres departamentos cuyos límites se han fijado según la naturaleza del país, y su organización civil y militar consta por los documentos que presento a la consideración de V.E.

El general de división Manuel Sedeño está nombrado gobernador y comandante general de la provincia de Guayana, y su defensa le está igualmente encargada con diez escuadrones de caballería, dos batallones de infantería y dos compañías de artillería, y de la guardia nacional.

Desde la segunda época de la República ha sido conocida la necesidad de fijar un centro de autoridad para las relaciones exteriores, recibir cónsules y enviados extranjeros, entablar, concluir negociaciones de comercio, comprar y contratar armas, municiones, vestuarios, y toda especie de elementos de guerra. Pero sobre todo el objeto más importante que reclama imperiosamente el nombramiento de un Consejo de Gobierno, es el de llenar provisionalmente las funciones del Jefe Supremo en caso de fallecimiento. La República sufrirá un considerable trastorno, si el Consejo de Gobierno no quedase establecido, antes de emprender yo la próxima campaña. Por tanto me congratulo con V.E. de haber procurado este nuevo apoyo a la República.

Los soldados del ejército libertador eran demasiado acreedores a las recompensas del Gobierno, para que hubiese podido olvidarlos. Hombres que han arrostrado todos los peligros, que han abandonado todos los bienes, y que han sufrido todos los males, no debían quedar sin el justo galardón que merecen su desprendimiento, su valor y su virtud. Yo pues, a nombre de la República, he mandado distribuir todos los bienes nacionales entre los defensores de la patria. La ley, que fija los términos y la especie de esta donación, es el documento que con mayor satisfacción tengo el honor de ofrecer al consejo [4]. El premio del mérito es el acto más augusto del poder humano.

La ciudad de Angostura será provisoriamente la residencia y capital del Gobierno de Venezuela. Permanecerán, pues, en ella hasta que la capital de Caracas sea libertada, los Consejos de Gobierno y Estado, la Alta Corte de Justicia, y la comisión especial para la repartición de los bienes nacionales entre los militares del ejército libertador.

La religión de Jesús, que el Congreso de Venezuela decretó como la exclusiva y dominante del Estado, ha llamado poderosamente mi atención, pues la orfandad espiritual, a que desgraciadamente nos hallamos reducidos, nos compele imperiosamente a convocar una junta eclesiástica [5], a que estoy autorizado como jefe de un pueblo cristiano, que nada puede segregar de la comunidad de la Iglesia romana. Esta convocatoria, que es el fruto de mis consultas a eclesiásticos doctos y piadosos, llenará de consuelo el ánimo afligido de los discípulos de Jesús, y de nuestros religiosos conciudadanos.

¡Señores del Consejo de Estado!

La instalación de un cuerpo tan respetable y digno de confianza del pueblo es una época fausta para la nación. El Gobierno, que en medio de tantas catástrofes y aislado entre tantos escollos, no contaba antes con ningún apoyo, tendrá ahora por guía una congregación de ilustres militares, magistrados, jueces y administradores, y se hallará en lo futuro protegido, no sólo de una fuerza efectiva, sino sostenido de la primera de todas las fuerzas, que es la opinión pública. La consideración popular, que sabrá inspirar el Consejo de Estado, será el más firme escudo del Gobierno.

[SIMÓN BOLíVAR]

* De un impreso de la época. En la Colección de documentos relativos a la vida pública del Libertador de Colombia y del Perú compilada por el Dr. Francisco Javier Yanes y el Dr. Cristóbal Mendoza, Tomo I, Caracas 1826, págs. 189-199 se inserta el acta de instalación del Consejo de Estado de la República de Venezuela, en la cual se transcribe textualmente el discurso pronunciado por Bolívar en la apertura de la sesión. Reproducimos el texto dado en la referida obra.

El acta termina en la siguiente forma:

"Seguidamente S.E. el jefe supremo nombró los presidentes y miembros de las secciones del consejo, conforme al artículo 2° del decreto de su erección por el orden siguiente.

"Sección 1° — Estado y Hacienda. — Presidente, el señor intendente de la provincia, Fernando Peñalver; y los ministros de las cajas de esta ciudad, José María Ossa, y Vicente Lecuna.

"Sección 2° — Marina y Guerra. — Presidente, el excelentísimo señor al­mirante Luis Brión; miembros los señores generales, gobernador de la pro­vincia y de la plaza, Manuel Cedeño y Tomás Montilla; el comandante gene­ral de caballería, y el gefe del estado mayor de la división de la provincia, señores coroneles Pedro Hernández y Francisco Conde.

"Sección 3°— Interior y Justicia. — Presidente el de la Alta Corte de justicia, señor Abogado Juan Martínez; y miembros los señores Abogados Luis Peraza, José España, y Antonio José Betancourt.

"Expuso luego S.E. las razones en que fundaba esta elección, haciendo ver que los ciudadanos que se distinguían en una carrera, que obtenían en ella los primeros empleos, y que los habían desempeñado con gloria en las circunstancias más críticas de la República, eran los más a propósito para preparar en cada ramo los trabajos del consejo, y dar el primer impulso a sus benéficas deliberaciones. Manifestó también S.E. que aunque el voto del consejo no era más que consultivo, porque así lo exigen imperiosamente nuestra situación política y la actitud militar de toda la República, deseaba que reinase la más completa libertad en las discusiones y en los pareceres, y esperaba que le diesen pruebas de ella en el examen de todos los decretos expedidos desde la ocupación de la Guayana, que presentaba a su deliberación. Leyéronse luego todos ellos por mí el secretario del despacho a quien S.E. el jefe supremo comisionó para que ejerciese las funciones de secretario del consejo, mientras se nombraba el que ha de serlo. Concluida la lectura determinó S.E. el Jefe Supremo, a moción del señor intendente general, se distribuyesen a las secciones respectivas, emplazando el consejo para el 15 del corriente.

"El Jefe Supremo terminó la sesión manifestando su satisfacción al verse rodeado de los más ilustres amigos de la patria, que animados todos de los mismos sentimientos y penetrados de los mismos principios concurrían unánimes a apoyar y sostener el Gobierno, prestándole el auxilio poderoso de sus conocimientos, de sus luces y experiencia, en las grandes operaciones políticas y militares que es llegado el caso de emprender para fijar de una vez los altos destinos de Venezuela.

"Por el Consejo de Estado.

"El Secretario en comisión, J. G. Pérez".

Notas

[1] Véase el Acta de la Asamblea de Margarita, de 6 de mayo de 1816en el Doc. N° 1472.

[2] El Decreto de creación del Tribunal del Consulado es el Doc. N° 2318.

[3] Yanes-Mendoza dice: "noble objeto".

[4] Véase en el Doc. N° 2292, el Decreto de creación de la Comisión para el reparto de los bienes nacionales.

[5] Véase el Doc. N° 2325.

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